La devastación de la selva colombiana provocada por la minería ilegal ha llegado hasta las poblaciones vulnerables. Por ello, la Fiscalía colombiana ha pedido ayuda al Ministerio de Salud para que atienda a poblaciones indígenas, luego de comprobar que su alimento está contaminado y la cadena reproductiva de animales de caza y pesca también están afectados.

Un informe de El Tiempo recoge datos brindados por la Dirección Nacional de Fiscalías sobre minería ilegal en la selva. El mapeo asegura que los buscadores de oro ilegales están dispersos por 12 regiones del país y 21 departamentos.

“Los altos contenidos de mercurio en los peces hacen prever que los ciudadanos receptores de la pesca, como comunidades indígenas, colonos y demás consumidores, presenten un bioacumulado de este material pesado”, dice un documento en el que la Fiscalía alerta que el fenómeno se está tragando literalmente el suelo del país.

En lo últimos meses, la Fiscalía colombiana abrió 6450 investigaciones sobre minería ilegal y la Policía Judicial tramitó 36 órdenes de captura contra personas ligadas a este ilícito negocio. En esa redada de febrero cayeron también mineros peruanos y brasileños coludidos con autoridades corruptas.

Daños ambientales

Según información de las alcaldías, han aparecido asentamientos anormales de población en la zona del Cauca. Calculan que un millar de personas que llegaron por vía fluvial armaron entables a cielo abierto, llevaron dragas y empezaron a explotar oro utilizando sustancias nocivas como mercurio y cianuro.

El oro está siendo sacado de esa región oculto en viejos vehículos que se aventuran por trochas o en vuelos chárter. Las fotos aéreas de la zona evidencian que la explotación masiva ilegal del oro cambió el paisaje y varió el cauce del río Joli.

Según cálculos conservadores, la explotación ilegal de oro en Colombia mueve alrededor de 45 mil millones de pesos al mes (casi US$ 19 millones).