Una investigación publicada por la revista Petropress reveló que instancias del Gobierno boliviano otorgaron derechos de explotación a mineros que “no cumplían la normativa ambiental, laboral ni los propios procedimientos legales del sector minero”. Se trata de 81 concesiones otorgadas en la cuenca del río Suches, fronterizo con Perú.
“Este gran número de actividades mineras, a pesar de ser un fenómeno ilegal, también es avalado por instancias gubernamentales. El análisis de las concesiones mineras otorgadas en la zona ilustra lo argumentado”, asegura el informe elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
El estudio realizado por Arturo Revollo y Oscar Campanini destaca que el 65% de estas concesiones fueron cedidas entre 2010 y 2014. Este crecimiento de la actividad minera fue alentado por el carácter fronterizo de la zona, que a la vez promueve el contrabando.
Esta zona de la cuenca del río Suches, afluente del Titicaca, tiene reservas de grava aurífera que constituyen un volumen de 13 millones de metros cúbicos, una gran parte de la producción de oro del departamento de La Paz.
Ilegales peruanos explotan parte boliviana del río Suches
En 2008 diversos informes alertaron que mineros peruanos desviaron el curso del río Suches para favorecer la explotación de oro ilegal. Este hecho fue denunciado recién en el 2009 por el Municipio de Pelechuco ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de Bolivia.
La extracción de oro en la cuenca del río Suches fue motivo de constantes conflictos entre mineros peruanos, bolivianos y comunidades. El 2010 los presidentes Evo Morales y Alan García decidieron conformar una Comisión Técnica Binacional en la cuenca del río Suches para luchar contra la minería ilegal en la zona fronteriza.
Pero el estudio del Cedib indica que “estas acciones no han logrado eliminar la conflictividad en la cuenca por la minería ilegal ni sus impactos ambientales”. Asimismo, agregan los investigadores, “este conflicto no solo vuelve a demostrar la falta de control y vulnerabilidad limítrofe que tiene Bolivia, sino la complejidad de las lógicas locales y sus impactos”.
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