Este reportaje elaborado por Ojo Público muestra la precaria situación de los militares peruanos encargados de resguardar la frontera con Ecuador. El puesto de vigilancia 4 es el único de la frontera que tiene un observatorio de altura y está situado dentro de una concesión minera privada. Este «Tambo» solo es resguardado por un soldado, quien ve pasar más mineros y taladores ilegales por su puesto que relevos y provisiones.

Este cabo del Ejército que prefiere mantenerse en el anonimato tiene 18 años y cumple su servicio militar en la Cordillera del Cóndor desde noviembre de 2014. Él recibe provisiones una vez al mes y se enlistó seducido por la promesa de estudios superiores gratuitos luego del servir tres meses en el Cenepa.


Los mineros ilegales ecuatorianos suelen pasar la frontera impunemente en busca de nuevos yacimientos. El único soldado que resguarda el puesto de vigilancia solo atina a ahuyentarlos, en clara desventaja. «Hay cantidades de túneles que han hecho los ecuatorianos y los vemos. Nosotros podemos utilizar armas cuando hay personas que intentan pasar para el Perú y no nos hacen caso«, asegura.

Según Ojo Público, este lado de la frontera es una zona abandonada por el Estado, donde los mineros ilegales están ganando la partida a los pocos militares que resguardan los puestos vigilancia. En los últimos años, los mineros ilegales han construido dos kilómetros de túneles para extraer oro en la Cordillera del Cóndor.

Existen 8 puestos de vigilancia peruanos en toda la frontera con Ecuador. En el lado del país vecino la minería de oro ha proliferado en los últimos años: tienen asentamientos mineros con tiendas y bares surtidos por camiones que vienen de Paquisha y otro pueblos cercanos.

En noviembre del año pasado, el jefe del puesto de vigilancia 3 asesinó a balazos a tres de sus subordinados porque comieron la última ración de arroz que les quedaba. El subteniente Hugo Cabrera reconoció ser el autor del crimen, pero se excusó en que los confundió en la oscuridad con extraños. Aprovechando el desinterés del Estado, los mineros ilegales suelen ofrecer dinero y víveres a los militares para que los dejen ingresar, extraer y transportar los minerales peruanos.