Ecuador | Falta de información dificulta lucha contra oro ilegal

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Según recientes investigaciones, la falta de datos certeros es el principal problema que enfrenta la lucha contra la minería ilegal en Ecuador. No existe, por ejemplo, un registro del número total de mineros, una aproximación del total de mineral extraído o los destinos del metal precioso en el extranjero.

Un estudio de Carlos Fierro para la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) revela las dificultades que enfrenta Ecuador en su lucha contra la minería ilegal.

Por el lado de la producción, Ecuador enfrenta la negativa de mineros ilegales por iniciar la remediación de áreas afectadas debido a la prohibición de ciertos químicos como el mercurio es una de las trabas para regular la extracción del metal precioso.

La comercialización también presenta una serie de retos: aun cuando existen los mecanismos legales para regular la compra de oro y su comercialización, todavía no se pueden implementar en su totalidad desde el 2010. Parte de la producción de oro, procesado en plantas de beneficio localizadas en Portovelo y Zaruma sería de origen ilegal.

A pesar de estas dificultades, el gobierno Ecuatoriano ha logrado avances en sus políticas de formalización. Hasta marzo de 2015, el 50% de los mineros de la provincia Zamora-Chichipe se había formalizado a partir del cambio de la Ley de Minería desde 2009.

Mecanismos para mejorar leyes

Debido a las grandes dificultades que representa la lucha contra la minería ilegal, una nueva norma estatal apunta a que el Estado compre directamente oro a los mineros artesanales. También sugiere crear asociaciones que permita la reducción de costos asociados a procesos de formalización.

Uno de los ejes más importantes para formalizar a los mineros ecuatorianos es promover incentivos para la comercialización formal del oro, más allá de imponer penas severas. La investigación propone otorgar facilidades para que los mineros regularizados puedan acceder a la venta del metal precioso.

El estudio será próximamente publicado en colaboración con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

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